Auditoría de software ilegal

Cómo afecta la modificación del código penal a las empresas si utilizan software ilegal

La última reforma del Código penal te afecta si se utiliza software ilegal en tu empresa

A partir del 1 de Julio de 2015 entró en vigor la reforma de los artículos 270,271, 274 del Código Penal que hace recaer la responsabilidad de violaciones a la propiedad intelectual sobre el administrador o representante legal de la empresa, incluyendo serias multas y hasta penas de prisión para el mismo.

Una de las novedades que nos trae la Reforma del código penal en su lucha contra la piratería es que ahora pone la responsabilidad sobre los representantes de las empresas o organizaciones, de ahí la necesidad de tener completamente inventariado el software que hay instalado en cada uno de los equipos de la empresa.

Las consecuencias penales del uso de software ilegal

Tanto la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual como la del Código penal, tienen como objetivo mejorar la protección legal de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo la protección legal del software. De ambas reformas destacan tres claves:

Cualquier beneficio directo o indirecto derivado de una infracción de copyright es considerado delito, por lo que el mero impago de las licencias de software permite perseguir, por vía penal, a la empresa.
Las empresas que no hayan adoptado medidas para evitar que sus equipos tengan software ilegal, son penalmente responsables de su uso pudiendo aplicarse las penas previstas, además de las correspondientes indemnizaciones: multas de hasta 288.000 €, suspensión de actividades, clausura de locales, inhabilitación para obtener contratos, subvenciones y ayudas de las administraciones públicas, e intervención judicial o disolución de la persona jurídica en el último extremo.
Los administradores de las empresas que tengan software ilegal en sus sistemas informáticos, y que no hayan adoptado las medidas de prevención y control necesarias para evitarlo, son también penal y civilmente responsables, llegando a enfrentarse a penas de hasta 4 años de prisión.

Sanciones y obligaciones

Sanciones

La responsabilidad directa de los administradores se podrá sancionar con penas de:

Hasta un año de prisión o multa de 12 a 24 meses.
Inhabilitación de hasta 5 años para el ejercicio de la industria o comercio.
Disolución de la persona jurídica.
Suspensión de sus actividades y clausura de locales y establecimientos.
Inhabilitación para contratar con el sector público.
Inhabilitación para tener beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

Sanciones y obligaciones

Obligaciones

La nueva ley crea las siguientes obligaciones:

Obligación de todas las empresas, independientemente de su tamaño, de aplicar programas de cumplimientos, tales como la legalidad de su software.
Obligación de establecer modelos de organización y gestión que incluyen medidas de vigilancia y control eficientes para la prevención de delitos.
Obligación de contar con un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo de gestión y organización.